El análisis de los hechos en el maltrato a Claudia ha puesto de manifiesto "disfunciones" en diferentes organismos encargados de velar por la protección de los menores, según ha denunciado hoy el Síndic, lo que ya ocurrió en el caso de la niña Alba en 2006, que motivó la revisión de todos los protocolos y la elaboración de uno marco, que, pese a todo, no se aplicó con suficiente diligencia.

Claudia, que residía con sus padres en Salou, tenía sólo cinco meses cuando ingresó en el Hospital Joan XXIII de Tarragona el pasado 22 de abril con fractura de fémur y, pese a que se iniciaron gestiones ante la sospecha de malos tratos, no se llevó a cabo ninguna actuación en firme hasta que volvió a acudir a este centro sanitario, el 10 de junio, con un traumatismo craneal, que presuntamente le causó su padre.

Tras ser derivada al hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde fue intervenida quirúrgicamente, el servicio de atención a la infancia resolvió el once de junio declarar la situación de desamparo de la menor y asumir las funciones tutelares.

El informe del Síndic de Greuges, que hoy ha hecho público en rueda de prensa el propio titular, Rafael Ribó, responsabiliza en particular de la falta de eficacia del sistema de protección a la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), ya que "no asumió su papel central al no tomar la iniciativa en la actuación, sino que quedó a la espera de las actuaciones de otras instituciones".

En concreto, el Síndic responsabiliza a la DGAIA de no identificar como un indicador de malos tratos físicos graves las lesiones que presentaba la menor en abril, lo que debería haber provocado "una intervención de protección inmediata".

Este organismo "no actuó con la rapidez y la urgencia que requiere un caso de malos tratos físicos graves a un bebé", lo que se tradujo en que, por ejemplo, no activó en abril, durante el primer ingreso hospitalario de Claudia, el Equipo de Valoración de Maltratos Infantiles (Evami), de reciente creación.

Esta falta de apreciación de la situación real que vivía la menor llevó también a no dictar ninguna orden de retención hospitalaria, "como podría haber hecho", según recuerda el Síndic.

El defensor del pueblo catalán reprocha también a este organismo que, pese a que el hospital había comunicado un síndrome de niño maltratado, "no se diera trato de urgencia" al caso.

Pese a que la DGAIA abrió un expediente por el caso el 7 de mayo, la primera intervención con la familia no se programó hasta el 27 de junio, dilación que, según el Síndic, revela "el grado de colapso que caracteriza la tarea de los equipos de atención a la infancia".

Respecto a la actuación del Departamento de Salud, el informe lamenta que el Hospital Joan XXIII no instara a la DGAIA a ordenar la retención hospitalaria en abril y que diera de alta a la niña sin asegurarse de que estaría protegida.

El Síndic también tiene reproches para el Ministerio Fiscal, ya que no estuvo presente en la declaración judicial realizada al padre de Claudia el 27 de abril (y tampoco en otra posterior), y no solicitó al juez instructor que adoptara medidas para protegerla.

Por su parte, el juez instructor procedió a tratar el caso de manera urgente pero no supo tampoco, según Ribó, identificar la gravedad de los malos tratos.

Pese a revelar negligencias en la aplicación del Protocolo Marco por parte de casi todas las partes implicadas, el Síndic ha subrayado que éste es "un instrumento útil y necesario para mejorar la coordinación entre las instituciones en la tarea protectora".

"Ningún protocolo, sin embargo, puede evitar la existencia de malos tratos y asegurar por sí mismo la eficacia de la protección a la infancia", advierte Ribó.

A juicio del Síndic, el caso de Claudia pone de manifiesto que el problema no es el protocolo, sino el conocimiento que se tiene de él y su cumplimiento, por lo que insta a mejorar la formación de los profesionales implicados en la detección de maltratos infantiles y a mejorar los sistemas de comunicación entre ellos.

Asímismo, reclama un aumento de los recursos destinados a la protección de la infancia y la adolescencia "en un país que ha aumentado significativamente el volumen de población potencialmente usuaria de las redes de protección a la infancia y la adolescencia".